Por: Christian Benítez Núñez
Fuente original: El Heraldo de México (USA)
https://issuu.com/elheraldodemexico/docs/h_usa_26012026_
En los últimos años, el debate sobre la seguridad nacional en Estados Unidos ha dejado de concentrarse exclusivamente en amenazas externas. Cada vez con mayor claridad, la lógica de la seguridad se desplaza hacia el interior del propio territorio, con efectos directos sobre comunidades históricamente vulnerables y con consecuencias visibles en el alcance real de los derechos humanos. No se trata de un simple ajuste discursivo, sino de un cambio profundo en la forma de concebir el orden y el control estatal.
Este giro se hizo particularmente evidente a inicios de enero de 2026 en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un agente federal disparó y privó de la vida a Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense. Aunque el gobierno federal justificó el hecho como un acto de defensa propia, la reacción social fue inmediata: protestas masivas, pronunciamientos de autoridades locales y un debate público intenso sobre el uso de la fuerza. Más allá del episodio concreto, el hecho obligó a plantear una pregunta de fondo: si se está frente a un acontecimiento aislado o ante la expresión de una política de seguridad que ha comenzado a normalizar la violencia estatal.
Para comprender este escenario resulta necesario situarlo en un contexto más amplio. Desde el primer mandato de Donald Trump (2017–2021), impulsado bajo el eslogan Make America Great Again (MAGA), la política migratoria estadounidense se endureció de manera significativa. Durante ese periodo, el ICE ejecutó aproximadamente 935 mil deportaciones, incluidas prácticas severamente cuestionadas por organismos de derechos humanos, como la separación de menores de edad de sus familias y su confinamiento en condiciones inadecuadas. Lejos de revertirse, esta lógica se ha mantenido en años recientes: tan solo en 2025 se estimaron alrededor de 200 mil deportaciones adicionales.
Este endurecimiento resulta especialmente problemático si se contrasta con la tradición histórica de Estados Unidos en materia de derechos civiles. Decisiones judiciales emblemáticas como Brown v. Board of Education (1954), la resistencia civil encabezada por Rosa Parks o, más recientemente, el movimiento Black Lives Matter, recuerdan que el derecho ha funcionado como un límite al poder estatal. Sin embargo, ese legado convive hoy con una creciente normalización del uso de la fuerza frente a poblaciones migrantes y racializadas, lo que evidencia una tensión estructural entre seguridad y derechos.
Las cifras demográficas refuerzan la magnitud del fenómeno. De acuerdo con el Center for Immigration Studies, en enero de 2025 la población nacida en el extranjero en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 53.3 millones de personas, de las cuales alrededor de 15.4 millones se encuentran en situación migratoria irregular. En este contexto, la migración ha sido progresivamente securitizada: deja de concebirse como un fenómeno social o humanitario y pasa a redefinirse como una amenaza estructural, comparable al terrorismo o al espionaje.
Esta orientación se consolida con la publicación, en diciembre de 2025, de la Estrategia de Seguridad Nacional por parte de la Casa Blanca. El documento plantea como objetivos centrales el control total de las fronteras, la detención del flujo migratorio —no solo su ordenamiento— y el uso combinado de poder duro y poder blando para garantizar la supremacía estadounidense. En la práctica, ello implica que las agencias migratorias abandonan funciones predominantemente administrativas y se transforman en instrumentos de fuerza, con controles institucionales cada vez más laxos.
Lo ocurrido en Minneapolis confirma esta lectura. Las protestas ciudadanas y los pronunciamientos críticos del alcalde Jacob Frey y del gobernador Tim Walz evidenciaron una resistencia local frente a prácticas federales consideradas excesivas. La reacción del gobierno federal, que derivó incluso en investigaciones contra autoridades locales por presuntamente obstaculizar operativos de seguridad, profundizó el conflicto entre niveles de gobierno y mostró hasta qué punto la lógica securitaria ha comenzado a permear el ámbito interno.
En paralelo, resoluciones judiciales recientes recordaron que la Primera Enmienda protege el derecho a la protesta pacífica, imponiendo límites claros al uso de la fuerza y a las detenciones arbitrarias. Estas decisiones revelan que, pese al avance de una política de seguridad cada vez más expansiva, subsisten contrapesos institucionales capaces de frenar sus excesos.
Estados Unidos se encuentra así en una encrucijada. La redefinición de la seguridad nacional como una batalla interna, en la que la migración se concibe como amenaza y no como fenómeno social, tensiona los fundamentos democráticos y el alcance efectivo de los derechos humanos. El desenlace de este conflicto definirá no solo el rumbo de la política migratoria, sino el sentido real del Estado constitucional de derecho dentro del propio territorio estadounidense.
